23 de julio. La Candidata a Presidenta de Progresistas, Margarita Stolbizer junto a quien encabeza la lista de diputados, el ex fiscal Manuel Garrido realizaron una jornada sobre Derechos Humanos. Fue esta tarde en el Apart Hotel Congreso. Allí firmaron un compromiso que establece prioritario el desarrollo de una política amplia y específica de derechos humanos, en caso de resultar elegidos.

 
De este modo, sobre la base del documento propuesto por Amnistía Internacional se comprometieron a continuar con los juicios a responsables de la dictadura militar, derogar el memorándum con IRAN, esclarecer el atentado a la AMIA, poner en agenda la cuestión de los desaparecidos en democracia, garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la protesta social, defender el derecho de los pueblos originarios y transformar al Estado en verdadero garante de los derechos económicos y sociales así como sociales, culturales y ambientales de los ciudadanos
 
“Existen multiples deudas en materia de derechos humanos que trascienden el camino por recorrer en materia de memoria, verdad y justicia. Los derechos humanos básicos no están satisfechos en Argentina. Por ejemplo, la aberrante situación de las cárceles o institutos de menores, con hacinamiento, malos tratos o restricciones en derechos básicos. Tampoco están garantizados derechos básicos como el acceso a la educación, ni al agua potable y a la alimentación. No está garantizado  el derecho   a la salud. El aborto sigue siendo la principal causa de muerte materna. El derecho a la vivienda y a tierras atraviesa a toda la Argentina sin políticas que resuelvan el problema, ya sea en las villas de la ciudad como en la grave situación de los pueblos originarios en el norte del país”, expresaron durante la apertura del encuentro.
 
En la jornada, Stolbizer reunió en dos paneles a: Felipe Michelini, Ex Diputado por la Rep. Oriental de Uruguay,  Norma Morandini, Senadora de la Nación,  Horacio Ravenna, Procuración Penitenciaria de la Nación,    Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario de la Nación,    Ruben Chababo, ex Director Museo de la Memoria de Rosario, Santa Fe,   Enrique Viale, Asociación de Abogados Ambientalistas,   Félix Díaz, Cacique Comunidad QOM La Primavera,  Victoria Donda, Diputada de la Nación,   Ezequiel Nino, ACIJ. Moderó el periodista Gabriel Sued.
Sobre el final, se firmó el compromiso junto a Mariela Belski,  Mariela Belski Directora Ejecutiva Amnistía Internacional.
 
Compromisos por los Derechos Humanos
* Sobre la base del Documento Compromisos Presidenciales de Amnistía Internacional
 
1-    Prevenir y combatir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes
 
a.             Implementar a nivel federal el MNPT (Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura); impulsar a nivel provincial la creación de mecanismos locales, respetuosos de los estándares fijados por el OP-CAT (Protocolo Convención contra la Tortura); fortalecer aquellos ya existentes.
b.             Crear o fortalecer los sistemas de salvaguardas para víctimas y testigos de tortura, y así otorgar un marco de protección a quienes se atreven a denunciar estos hechos.
c.             Llevar adelante investigaciones judiciales independientes, prontas y exhaustivas de los casos de violencia institucional denunciados, tal y como manda el Protocolo de Estambul y otros estándares internacionales de derechos humanos, en todo el territorio nacional.
d.             Crear un sistema de registro de hechos y denuncias de tortura a nivel nacional en el ámbito del MNPT, en el que confluya la información recabada en las diversas jurisdicciones –por jueces, fiscales y defensores.
 
2-    Continuar el compromiso por la memoria, verdad, justicia y reparación
 
a.        Continuar con los esfuerzos por llevar ante la justicia, sin demoras innecesarias, a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar, garantizando la continuidad de los juicios de lesa humanidad y todos los mecanismos de cooperación y financiamiento que sean necesarios.
b.        Proteger la seguridad y la integridad física de los testigos y los acusados en esos juicios garantizando que las autoridades apliquen plenamente medidas efectivas de protección.
 
3-    Amia
  
a.        Garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familiares.
b.        Garantizar que se lleve a cabo el juicio oral y público sobre el encubrimiento de la investigación del atentado a más tardar durante el segundo semestre de 2015, de acuerdo a la recomendación del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Poder Ejecutivo se comprometerá a la cooperación en todos los aspectos que se encuentren a su alcance y en la medida del requerimiento que a esos fines formule el Poder Judicial.
c.         Derogar el Memorando de Entendimiento con la República Islámica de Irán sobre la causa del atentado terrorista a la AMIA. Abandonaremos la estrategia de pactar con los sospechosos y con quienes violan los compromisos internacionales en cualquiera de sus variantes. Recuperaremos una política de estado de presión sobre Irán en los foros internacionales y en las relaciones bilaterales para aumentar sus costos de no cooperar con la justicia argentina y con las decisiones adoptadas por la conferencia de las partes de INTERPOL.
 
4-    Garantizar el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión, en particular en el contexto de la protesta social
 
a.        Garantizar el derecho a la libertad de expresión, de reunión y a la protesta social, evitando regulaciones regresivas que limiten o restrinjan de manera desproporcionada el derecho y que pretendan frustrar la expresión de las opiniones.
b.        Elaborar y hacer públicas normas claras sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el contexto de la labor policial durante las manifestaciones.
c.         Garantizar mecanismos efectivos para investigar de manera imparcial e independiente las denuncias realizadas por víctimas de violaciones de derechos humanos y condenar a los funcionarios responsables por el uso abusivo de la fuerza. El uso arbitrario o abusivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe tratarse como un delito.
d.        Promover la derogación de la Ley 26.734 denominada Antiterrorista y el desistimiento de las causas judiciales promovidas contra dirigentes sociales en ejercicio del derecho de protesta.
 
 
5-    Asegurar el pleno respeto, protección y cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios
 
a.        Garantizar la suspensión de desalojos de pueblos indígenas y avanzar en el relevamiento de técnico-catastral, garantizando la participación indígena y el respeto por sus derechos y costumbres.
b.        Promover una ley de propiedad comunitaria que reconozca y titule en favor de las comunidades indígenas el derecho a su territorio, en respeto a los derechos humanos y cuya elaboración debe garantizar el derecho a la consulta y participación de los Pueblos indígenas.
c.         Promover una política integral de consulta y consentimiento libre, previo e informado que tenga el consenso de todas las organizaciones indígenas y que se ajuste a las normas y estándares internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas.
d.        Asegurar el derecho de los pueblos indígenas a manifestarse y exigir sus derechos pacíficamente sin temor a intimidación o represalias.
e.        Garantizar que la inscripción de las personerías jurídicas en el caso de las comunidades indígenas sea de carácter declarativo y no constitutivo. Garantizar la libertad de organización política, social, económica, cultural y religiosa de los pueblos indígenas, así como la designación de sus propios líderes, conforme sus costumbres y cultura.
 
 
6-    Garantizar  el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
a.        Implementar con todos los recursos necesarios y monitorear el Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres, tal como lo establece la ley 26.485.
b.        Garantizar que las víctimas puedan acceder a la Justicia. En cada fiscalía y en cada comisaría debe haber personal capacitado e idóneo para recibir las denuncias. Las causas de los fueros civil y penal deben unificarse; las víctimas deben tener acceso a patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso judicial.
c.         Elaborar el Registro Oficial Único de víctimas de violencia contra las mujeres. Realizar estadísticas oficiales y actualizadas sobre femicidios. Sólo dimensionar lo que sucede permitirá el diseño de políticas públicas efectivas.
d.        Garantizar y profundizar la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista. Sensibilizar y capacitar docentes y directivos.
e.        Garantizar la protección de las víctimas de violencia. Implementar el monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que les impone la Justicia.
 
7-    Garantizar el derecho a la salud de mujeres y niñas
 
a.        Garantizar el aborto legal, seguro y accesible en los casos de violación y cuando peligre la vida o la salud de la mujer, en todo el territorio de Argentina.
b.        Garantizar el acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones que puedan derivarse de un aborto.
c.         Impulsar un debate serio e informado sobre la despenalización del aborto, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.
d.        Trabajar en políticas públicas respetuosas de los derechos humanos para reducir los índices de mortalidad materna.
e.        Proveer servicios de información, asesoramiento y educación exhaustivos en materia de salud sexual y reproductiva, incluidos los métodos de planificación familiar.
 
8-    Garantizar derechos a las personas migrantes
 
a.        Garantizar el efectivo cumplimiento y puesta en práctica de la ley 25.871 y su reglamentación en lo que respecta al acceso a derechos de las personas migrantes en el territorio nacional.
b.        Asegurar el acceso a los derechos fundamentales de todas las personas extranjeras residentes en Argentina, con independencia de la regularidad o no de su situación migratoria.
c.         Garantizar el ingreso al país de todas las personas migrantes en igualdad de condiciones sin discriminación por su origen o nacionalidad.
d.        Promover políticas de integración social y para combatir a la xenofobia.
 
9-    Promover la justicia internacional
a.        Asegurar el ejercicio de la jurisdicción universal por parte de los tribunales argentinos con relación a toda persona sospechosa de haber cometido un crimen de derecho internacional (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada u homicidio extrajudicial) que sea hallada en cualquier territorio sometido a la jurisdicción del estado argentino.
b.        Asegurar que ninguna medida que pueda implicar una amnistía o cualquier otra medida similar de impunidad sea adoptada con relación a las personas que han sido o son objeto de una investigación sobre crímenes de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos.
c.         Garantizar la ratificación e implementación de todos los tratados, pactos y convenciones de derechos humanos que han sido suscriptos por la Argentina, y los mecanismos de cooperación y financiamiento necesarios para facilitar la ejecución de sus normas, en el cumplimiento de los compromisos contraídos.
d.        Ratificar el Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones (firmado por Argentina el 25 de julio de 2012), para incorporar los mecanismos adicionales de investigación y de comunicaciones entre Estados.
e.        Presentar oportunamente los informes periódicos a los órganos de tratados. Puntualmente,  los informes periódicos al Comité contra la Tortura y al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que se adeudan.
f.          Promover un enfoque integral de derechos humanos en el proceso de negociación de la Agenda Post 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS).
g.        Garantizar un efectivo sistema de monitoreo y rendición de cuentas de los progresos del desarrollo sostenible (ODS) en todos los países
 
 
10-Derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de incidencia colectiva
a.        Desarrollar políticas públicas interministeriales e internacionales tendientes a garantizar los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de incidencia colectiva, teniendo como eje a los grupos sociales en situaciones de vulnerabilidadPromover, en tal sentido, políticas de concientización e información destinadas a la sociedad civil, haciendo énfasis en los tres tipos de derechos: Derechos económicos: el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo y al ingreso;  Derechos sociales: el derecho a la seguridad social, a la salud física y mental; y Derechos culturales: el derecho a la educación y a los derechos de los grupos minoritarios.
b.        Impulsar el trabajo específico en la materia junto a los sectores afectados, en particular a los sectores de escasos ingresos, las personas con capacidades diferentes, las personas mayores y las comunidades originarias.
c.        Promover al interior del Estado políticas de concientización y trabajo en la materia, puntualizando en las tres obligaciones estatales respecto a los derechos económicos, sociales y culturales expresadas por la Organización de las Naciones Unidas: la Obligación de Respetar ( que exige a los Estados a abstenerse de ingerir en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales), la Obligación de Garantizar (que exige a los Estados a oponerse a toda violación de estos derechos por parte de terceros) y la Obligación de Satisfacer (que exige a los Estados a adoptar disposiciones legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales y de otra índole para promover el pleno ejercicio de estos derechos)
d.        Establecer desde el marco estatal un criterio de progresividad de las políticas desarrolladas a fin de garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, para evitar la inacción de los agentes públicos, las demoras o la adopción de medidas que impliquen un retroceso en el marco de dichos derechos.